Mañaneros 360@MananerosTVEPost en X🟠 La Policía rocía gas pimienta contra un sin techo en Madrid.
⭕️ "Es un ejercicio de crueldad", @MartaNebot en #Mañaneros12N
Análisis
Quienes se supone que deben proteger nuestros derechos, los suyos incluidos, lejos de hacerlo se convierten en los lacayos de un sistema cada vez más podrido y virado hacia la extrema derecha.

Con actuaciones que se alejan de cumplir el trabajo de mantener el orden y la seguridad, nos encontramos con intervenciones policiales que se acercan más a prácticas propias de regímenes autoritarios, donde la fuerza del Estado termina imponiéndose sobre los derechos de la ciudadanía. Nos topamos con todos estos sucesos y tenemos muy presente una pregunta: ¿Quién controla a quienes tienen el monopolio de la violencia?
Desde junio de 2018 al frente del Ministerio del Interior. Responsable de dirigir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el deber de garantizar que sus actuaciones respeten la legalidad, los derechos fundamentales y los principios que deben regir cualquier Estado democrático. Sin embargo, las recientes actuaciones policiales durante las movilizaciones por la educación, el derecho a la vivienda y la huelga general del 11 de noviembre de 2026 ponen, una vez más, sobre la mesa, una cuestión incómoda: el uso de la fuerza contra ciudadanos que ejercen su derecho a protestar. Y es que hemos visto enfrentamientos de agentes a estudiantes, docentes, manifestantes, periodistas e incluso a personas que no participaban en las movilizaciones.
El 14 de octubre de 2026, durante la primera jornada de la huelga educativa, se produjeron cargas policiales en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho elaboraron un informe jurídico de 35 páginas, basado en 21 vídeos, fotografías y partes médicos.
Las conclusiones son especialmente preocupantes: ausencia de advertencias previas, golpes en zonas corporales especialmente sensibles, actuaciones contra personas caídas y una intervención cuya necesidad y proporcionalidad son, como poco, cuestionables. Cuando una estudiante necesita cubrirse la cabeza con los brazos para protegerse de los golpes, la pregunta no debería ser qué hacía allí.
En las movilizaciones del 11N por el derecho a la vivienda el escenario no ha sido distinto.
Miles de personas participaban en Madrid en una manifestación que reclamaba medidas frente a la crisis habitacional, los precios y el rentismo. La movilización, convocada por los sindicatos, finalizó con cargas policiales, lanzamiento de gases y detenciones. Hubo denuncias de golpes, empujones y utilización de aerosoles de defensa contra manifestantes.
Es importante conocer que la existencia de posibles altercados no convierte en legítima cualquier intervención policial ni justifica una respuesta indiscriminada. El derecho a la vivienda es una reivindicación social y política legítima, también el derecho a manifestarse para exigirlo.
Hay una imagen desgarradora de la jornada del 11 de noviembre que merece especial atención.
Mañaneros 360@MananerosTVEPost en X🟠 La Policía rocía gas pimienta contra un sin techo en Madrid.
⭕️ "Es un ejercicio de crueldad", @MartaNebot en #Mañaneros12N
Durante las intervenciones policiales en la Gran Vía madrileña, un agente roció con gas pimienta a un hombre sin hogar que se encontraba durmiendo en la calle. Estamos hablando de una persona que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y que terminó siendo atacada a manos de un policía. Fuentes policiales implicadas en el operativo calificaron aquella actuación de «impropia» y reconocieron que se había realizado incumpliendo el protocolo.
¿Qué motivación hay detrás de todos estos abusos?
La respuesta a esta y tantas preguntas no puede quedar enterrada entre comunicados oficiales y explicaciones genéricas sobre el mantenimiento del orden público. Ninguna persona debe ser un objetivo legítimo de una intervención policial por el hecho de encontrarse en el lugar donde se desarrolla una manifestación.
Las porras no son herramientas para intimidar, castigar ni descargar el odio. Las instrucciones establecen límites sobre las zonas corporales en las que deben dirigirse los golpes. Partes como la cabeza, el cuello, la clavícula y la columna vertebral están expresamente excluidas, también se prohíben determinadas técnicas de utilización de la fuerza. En la huelga educativa de la Complutense, el informe jurídico elaborado por profesores y estudiantes denunció precisamente golpes dirigidos al torso superior, la cabeza y personas que estaban caídas o acorraladas.
Si se golpea a una persona que no representa amenaza alguna, si se golpean zonas expresamente prohibidas o si se continúa utilizando la fuerza cuando la persona ya está reducida, es violencia policial y existen responsabilidades disciplinarias e incluso penales.
Ante todo esto, Marlaska ordenó abrir investigaciones específicas sobre las actuaciones policiales y reconoció que algunas intervenciones no parecían ajustarse adecuadamente al principio de proporcionalidad. Anunció restricciones al uso del spray de defensa individual en dispositivos de orden público. Sin embargo, descartó dimitir y recientemente se ha conocido, que ha sido su propio Ministerio el que ha levantado dicha prohibición.
Que se investigue estas actuaciones es necesario y de una obligatoriedad absoluta, pero vamos más allá y nos planteamos otra pregunta: ¿Por qué tenemos que esperar a que se viralice para que se produzca una reacción política de esta magnitud? Porque todo esto no es nuevo, ya lo vimos en el desahucio de Maricarmen y en tantísimos otros, y no se está poniendo ningún remedio para combatirlo.
Con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez más radicalizadas e ideologizadas hacia la extrema derecha, Marlaska debería saber qué clase de personas tiene a su mando. Como responsable de la dirección política del Ministerio y de sus mecanismos de supervisión, debe exigir que se investiguen las posibles vulneraciones de derechos ya que no se puede defender la autoridad de las fuerzas de seguridad sin defender los límites que hacen legítima dicha autoridad. Tampoco se puede utilizar la presunción de inocencia de los agentes como argumento para evitar investigaciones, la misma garantía que protege a cualquier ciudadano debe proteger también a quienes denuncian abusos policiales.
Manifestarse, secundar una huelga, reclamar una vivienda digna o defender una educación pública son derechos que forman parte de una sociedad democrática, por lo que la Policía tiene la obligación de protegernos, incluso cuando su ejercicio pueda resultar incómodo para algunos o chocar con la ideología de muchos de ellos. Dispone de autoridad y medios coercitivos y precisamente por eso, su actuación debe estar sometida a límites especialmente rigurosos. No podemos normalizar que una manifestación termine con estudiantes heridos, docentes golpeados y ciudadanos rociados con gas pimienta.
Ocho años al cargo del Ministerio del Interior, Marlaska tiene una responsabilidad que no puede delegar en los agentes que ejecutan las órdenes ni diluirla entre los mandos policiales. La Policía tiene autoridad, pero, ¿quién garantiza que esa autoridad no se transforme en abuso?.
Mantener el orden público no es una excusa para desproteger y vulnerar los derechos públicos. Un Estado Democrático debe garantizar que nadie, ni siquiera quien viste un uniforme, está por encima de la ley.
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