Análisis
Deutsche Bank: Epstein, Trump y los negocios que el banco no quiso abandonar
Una investigación internacional basada en 15,6 millones de documentos internos revela las relaciones del banco alemán con Jeffrey Epstein, Donald Trump y oligarcas rusos. En España, su filial financió contratos públicos de empresas investigadas por corrupción con el respaldo de garantías del Estado.

Dos denunciantes entregaron más de 15 millones de documentos internos de Deutsche Bank a los periodistas Josy Joseph, de India, y Khadija Sharife, de Sudáfrica. A partir de esa filtración se puso en marcha “Inside Deutsche Bank”, una investigación coordinada por la organización Barracuda Media en la que han participado 232 periodistas de más de 50 países y medios como Le Monde, The New York Times, Financial Times, Der Spiegel y elDiario.es.
Los archivos contienen alrededor de nueve millones de correos electrónicos, auditorías, informes de operaciones sospechosas y comunicaciones internas de los departamentos encargados de controlar los riesgos financieros y el cumplimiento de las sanciones. Entre los nombres que aparecen están Jeffrey Epstein, Donald Trump y varios oligarcas rusos. También hay operaciones vinculadas a empresas españolas investigadas por corrupción y proyectos financiados desde la sede madrileña del banco.
Epstein: 581,9 millones de dólares en operaciones sospechosas
Deutsche Bank aceptó como cliente a Jeffrey Epstein en agosto de 2013, cinco años después de su condena en Florida por delitos relacionados con la prostitución de una menor. La entidad mantuvo sus cuentas hasta 2019, pese a que sus antecedentes eran conocidos y a que los responsables de las áreas de cumplimiento y gestión patrimonial habían sido informados de ellos.
Un documento interno de la unidad estadounidense de inteligencia financiera recoge 21 informes de actividad sospechosa relacionados con unas 3.000 operaciones realizadas entre octubre de 2013 y mayo de 2019. El importe total ascendía a 581,9 millones de dólares.
Uno de los informes, marcado como “estrictamente confidencial”, recoge la aprobación de transferencias sospechosas a modelos rusas en 2017. El analista que revisó los movimientos recibió inicialmente instrucciones para investigar su origen. Las alertas relacionadas, mira tú que cosas, terminaron cerrándose. La relación generaba entre dos y cuatro millones de dólares anuales para el banco, según documentos judiciales estadounidenses.
En diciembre de 2018, Deutsche Bank comunicó a Epstein que cerraría sus cuentas. El proceso se prolongó durante meses. En la primavera de 2019, mientras se gestionaba su salida, un empleado envió a otros bancos dos cartas de recomendación para sus sociedades de inversión. Una de ellas afirmaba que la cuenta no había presentado problemas relacionados con la prevención del blanqueo.
Los informes de actividad sospechosa se presentaron de forma retroactiva después de la detención de Epstein en julio de 2019. Murió en prisión el 10 de agosto de ese año. La entidad reconoció posteriormente que aceptarlo como cliente había sido un error. En 2020, pagó 150 millones de dólares al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York por sus fallos de control, entre otros asuntos relacionados con Epstein. En 2023 acordó abonar otros 75 millones para resolver una demanda colectiva presentada por sus víctimas.
Trump: sociedades relacionadas con las redes de blanqueo rusa y azerbaiyana

Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2016, Deutsche Bank se encontró con una situación poco habitual: el presidente electo era también uno de sus prestatarios más polémicos. La entidad creó un proyecto especial para gestionar su relación, al que llamó “Novus Ordo”. Los documentos relacionados con Trump quedaron protegidos, se restringió el acceso y se redujeron los contactos personales. Sus empresas, sin embargo, seguían necesitando modificaciones y gestiones sobre los préstamos que tenían con el banco.
La investigación de elDiario.es recoge un memorándum interno de mayo de 2020, elaborado por Brian Hagerty, entonces responsable del departamento de investigación de delitos financieros de Deutsche Bank en Estados Unidos. El documento relacionaba operaciones de dos sociedades que figuraban como propiedad de Trump en su declaración patrimonial de 2015: DT Marks Baku LLC y THC Baku Services LLC. Ninguna de las dos era cliente de Deutsche Bank. Sus operaciones, sin embargo, habían generado alertas por posibles conexiones con redes de blanqueo de capitales en Rusia y Azerbaiyán.
El memorándum recogía informes de actividad sospechosa presentados en años anteriores y señalaba una transacción de 2018 entre THC Baku Services LLC y una entidad presuntamente vinculada a la llamada “lavandería rusa”.
Hay una operación especialmente llamativa. El informe bancario de Faberlex, una sociedad británica que desempeñó un papel central en la “lavandería azerbaiyana”, registra un pago de 141.261,82 dólares a THC Baku Services LLC el 28 de abril de 2015. Esa misma cantidad aparece en el memorándum interno de Deutsche Bank de 2020. El cruce de ambos registros permitió a los periodistas identificar la coincidencia.
El banco había declarado internamente en 2019 que no tenía constancia de vínculos bancarios entre Trump y Rusia relacionados con sus negocios con la entidad. El memorándum posterior recogía operaciones de sus dos sociedades relacionadas con las redes de blanqueo. Deutsche Bank no ha querido comentar la información sobre Trump. El presidente tampoco respondió a las preguntas del consorcio.
Rusia: más de 10.000 millones de dólares fuera del país
Durante la primera mitad de la década de 2010, las filiales de Deutsche Bank en Moscú y Londres participaron en operaciones conocidas como mirror trading. El mecanismo permitía mover dinero fuera de Rusia mediante operaciones coordinadas entre distintas oficinas. Según la investigación, se blanquearon y sacaron del país más de 10.000 millones de dólares. Entre los beneficiarios aparecen empresarios y oligarcas próximos al Kremlin, como Roman Abramovich, Suleiman Kerimov y Oleg Deripaska.
El escándalo salió a la luz en abril de 2015, después de la anexión rusa de Crimea y de las primeras sanciones internacionales. Deutsche Bank no abandonó el mercado. En diciembre de ese año, su división de gestión patrimonial para Rusia y Europa del Este comenzó a diseñar una estrategia para conservar a sus clientes más rentables. Los documentos internos reflejan que una política más restrictiva podía costarle al banco el 61 % de los ingresos anuales generados en ese mercado.
Para mantener a esos clientes, sus responsables estudiaron fórmulas como la llamada “solicitud inversa”, mediante la cual los clientes firmaban documentos afirmando que habían solicitado asesoramiento por iniciativa propia. También concentraron la gestión de patrimonios rusos en oficinas de Suiza y Luxemburgo.
En enero de 2017, las autoridades estadounidenses y británicas impusieron al banco una sanción de 630 millones de dólares por sus deficiencias en el control de las operaciones de mirror trading. La actividad con grandes patrimonios rusos continuó en los años siguientes. Tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades estadounidenses reclamaron información sobre clientes afectados por las sanciones. Deutsche Bank entregó un listado parcialmente censurado. Un correo interno reconocía que se habían ocultado varios miles de relaciones con clientes rusos afectados por las medidas restrictivas.
Deripaska, Rifaat al- Assad y el dinero de la banca corresponsal

La investigación también examina el papel de Deutsche Bank como banco corresponsal. Este servicio permite a entidades locales acceder a redes internacionales de pagos y operar en otras divisas. El banco alemán tramitaba movimientos de otras entidades y, en ocasiones, delegaba en ellas parte del control sobre el origen de los fondos.
Por esa vía circularon 1.700 millones de euros vinculados a la red empresarial de Oleg Deripaska, a través de sociedades de Chipre y Hong Kong relacionadas con el banco húngaro MKB. También aparecen más de 77 millones de euros vinculados a Rifaat al- Assad, tío del expresidente sirio Bashar al- Assad. Entre 2013 y 2020, esos fondos salieron de Gibraltar y se utilizaron para construir un patrimonio inmobiliario en Europa con dinero público malversado.
En Colombia, Deutsche Bank llegó a controlar hasta el 80 % del mercado de pagos en euros de los bancos locales. Los movimientos que pasaban por sus redes incluían fondos sospechosos de estar relacionados con explotación sexual y tráfico de drogas. La investigación también recoge que la entidad comunicó a las autoridades una parte de los pagos sospechosos vinculados a estas actividades.
Qatar: 490 vehículos blindados y un contrato dividido
En diciembre de 2017, mientras Qatar permanecía sometido al bloqueo de varios países de su entorno, el comité de riesgos reputacionales de Deutsche Bank aprobó garantías financieras para la entrega al emirato de 490 vehículos blindados fabricados por la francesa Nexter. La operación ascendía a 2.000 millones de euros.
El banco tenía normas internas que restringían su apoyo a determinadas exportaciones de armamento a regiones en conflicto o tensión. La operación se estructuró de otra manera: los vehículos se presentaron como chasis sin torretas, mientras que el armamento y la munición se contrataban por separado. Sobre el papel, el banco financiaba chasis. Las torretas y la munición iban en otros contratos.
España: financiación para empresas investigadas por corrupción
La sede madrileña de Deutsche Bank fue durante años uno de los principales financiadores de proyectos de empresas españolas en África y Latinoamérica. Las operaciones se canalizaban a través del departamento de comercio estructurado y financiación de exportaciones, conocido como STEF, creado en 1999. Según las memorias del propio banco, el equipo ha financiado cerca de 500 proyectos en países en desarrollo por unos 14.000 millones de euros.
elDiario.es ha identificado al menos un centenar de proyectos financiados entre 2004 y 2021. En una treintena documenta retrasos, sobrecostes, abandonos, arbitrajes internacionales, adjudicaciones irregulares o vínculos con investigaciones por corrupción. Entre los clientes habituales estaban Mercasa y Defex, investigadas por la Audiencia Nacional por presuntos sobornos en operaciones en Angola, Camerún y República Dominicana. También aparecen Eurofinsa, que debe 92 millones de euros a la Agencia Tributaria y está en liquidación; Elecnor, que irá a juicio en el procedimiento contra los exdiputados Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna; Isolux, Incatema e Ibadesa. El banco también proporcionó financiación a multinacionales como Odebrecht y Andrade Gutiérrez, vinculadas a la investigación Lava Jato en Brasil y otros países latinoamericanos.
La mayoría de estas operaciones contaba con el respaldo de CESCE, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, una aseguradora semipública con mayoría accionarial del Estado y participación de entidades financieras. El sistema funcionaba mediante créditos al comprador: Deutsche Bank prestaba dinero al país o a la entidad que encargaba la obra para pagar a la empresa adjudicataria. Si el comprador no devolvía el crédito, CESCE cubría la mayor parte de la deuda. El aval público reducía el riesgo de las operaciones para el banco, que mantenía los ingresos por intereses y comisiones. En las operaciones sindicadas, Deutsche Bank estructuraba el préstamo, repartía parte de la financiación entre otras entidades y cobraba por organizarlo.
Las auditorías: 35 millones en transferencias sin detallar
Un informe confidencial de diciembre de 2017 revisó 397 transacciones vinculadas a cuentas de empresas exportadoras como Incatema, Defex, Globaltec, Mercasa, Isolux e Ibadesa. El documento recoge 35 millones de euros en transferencias sin detallar entre 2007 y 2016, relacionadas con cuentas en Angola, Brasil, Bahamas, Panamá, Camerún, Suiza, Portugal, República Dominicana, Reino Unido y España. Según el informe, la información sobre esos movimientos no empezó a remitirse al Sepblac, el organismo encargado de prevenir el blanqueo de capitales en España, hasta noviembre de 2016. Deutsche Bank puntualizó que las 397 operaciones correspondían al número de transacciones revisadas, no al recuento de transferencias sospechosas.
Las auditorías también señalaron pagos a intermediarios externos sin fiscalización suficiente y problemas relacionados con conflictos de intereses. Uno de esos intermediarios, detenido en República Dominicana por presuntos sobornos, había recibido más de 2,5 millones de dólares del banco.
En febrero de 2018, el departamento de inteligencia financiera de Deutsche Bank recomendó terminar la relación con Elecnor por su exposición a investigaciones de corrupción en España. La compañía, sin embargo, siguió recibiendo líneas de financiación para sus proyectos internacionales. Incatema fue revisada de nuevo en 2020 por su vinculación con procedimientos de corrupción. El banco decidió mantener la relación, clasificarla como cliente de alto riesgo y recomendar que no se realizaran nuevos negocios. La empresa respondió a elDiario.es que los proyectos habían sido investigados por la Audiencia Nacional, que las actuaciones en República Dominicana fueron sobreseídas y que en Angola los procesados resultaron absueltos. Añadió que mantiene una relación comercial normal con Deutsche Bank.
Angola y Camerún: contratos públicos y financiación del banco
En 2003, la sede española de Deutsche Bank firmó un acuerdo marco de financiación con el Gobierno angoleño de José Eduardo dos Santos. Tras el final de la guerra civil, empresas españolas consiguieron contratos para suministrar equipos y construir puentes y carreteras con apoyo financiero de la entidad alemana. Eurofinsa fue una de las principales beneficiarias. Varios contratos millonarios fueron investigados por la Fiscalía Anticorrupción en 2010 por presuntos sobornos para conseguir adjudicaciones. La investigación documentó pagos y regalos vinculados a altos cargos y al hijo del expresidente angoleño. El juez Santiago Pedraz archivó la causa al considerar que no podía determinarse que esos pagos tuvieran como finalidad conseguir contratos.
Mercasa también recibió financiación de Deutsche Bank para construir un mercado mayorista en Luanda junto a Incatema. El proyecto alcanzó los 533 millones de dólares. Un auto judicial describió sobornos a funcionarios, comisiones a intermediarios y sobrecostes millonarios. La primera sentencia terminó con la absolución de todos los acusados, entre ellos directivos de Mercasa e Incatema.
En Camerún, Deutsche Bank financió un contrato de Defex de 100 millones de euros para instalar un sistema de vigilancia costera frente a la piratería marítima. En el proyecto participaron Deimos Space, filial de Elecnor, Aresa Marine y Airbus. CESCE respaldó la operación con fondos públicos. El Tribunal Supremo ratificó la condena a un directivo de Defex por organizar un sistema de sobornos para conseguir contratos públicos con el Gobierno camerunés.
República Dominicana, Panamá y Gabón: obras inacabadas y avales públicos

Entre 2009 y 2015, la sede española de Deutsche Bank financió al menos una docena de proyectos en República Dominicana por más de 1.000 millones de dólares. Entre ellos había hospitales, centros penitenciarios, líneas eléctricas y carreteras adjudicadas a empresas como Eurofinsa, Incatema, Elecnor, Ibadesa y Mercasa. Casi todos contaron con avales de CESCE.
Uno de los proyectos fue el mercado mayorista de Santo Domingo, adjudicado al consorcio Mercasa- Incatema. La obra acumuló sobrecostes y supuestas comisiones investigadas por la Audiencia Nacional dentro del caso Mercasa. En 2022, el juez José de la Mata archivó provisionalmente la investigación por falta de pruebas, después de que no llegara la información solicitada a República Dominicana y Estados Unidos.
En Panamá, Deutsche Bank financió cuatro hospitales adjudicados en 2010 por unos 240 millones de dólares a IBT, una filial de Eurofinsa que acababa de llegar al país. Los proyectos acumularon retrasos y sobrecostes que elevaron el presupuesto original un 77 %. Las obras quedaron sin terminar, pero la sede española del banco siguió ampliando las líneas de financiación para cubrir los sobrecostes. En 2018, Simon Sayer, responsable global de comercio exterior de Deutsche Bank, felicitó al equipo por una nueva ampliación del crédito y agradeció expresamente el esfuerzo para cobrar las comisiones del primer trimestre. La financiación estructurada por el banco para Eurofinsa rondó los 480 millones de dólares. Entre 2022 y 2023, el Gobierno panameño pagó 60,7 millones de dólares a IBT para retirar una demanda presentada ante el Banco Mundial. La empresa aseguró que desde 2022 no mantiene vinculación societaria ni de gestión con Eurofinsa.
En Gabón, Deutsche Bank financió con el aval de CESCE una ampliación de carretera adjudicada a Eurofinsa. La empresa no terminó la obra y el Gobierno rescindió los contratos en 2017. El litigio llegó a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, que en 2019 dio la razón al Gobierno gabonés. CESCE indemnizó al banco con más de 12 millones de euros entre 2016 y 2018, una cantidad que después recuperó casi por completo.
La respuesta de Deutsche Bank
El banco afirma que los asuntos publicados se remontan a muchos años atrás, que fueron revisados cuando correspondía y que se trataron con los reguladores. Cifra en 7.000 millones de euros la inversión directa realizada entre 2019 y 2025 para reforzar sus sistemas de control, además de las inversiones tecnológicas. También destaca sus beneficios récord de 2025 y sostiene que el posible impacto financiero de las revelaciones será limitado.
Sobre las operaciones españolas, Deutsche Bank niega que su equipo de financiación de exportaciones priorizara sistemáticamente los intereses comerciales frente a los controles de riesgo. Añade que las garantías de CESCE no sustituían su propia evaluación de las operaciones ni sus obligaciones de cumplimiento. La entidad no ha querido comentar sus relaciones con empresas concretas.
Las acciones de Deutsche Bank cayeron un 5,2 % en las primeras operaciones de esta misma mañana, según Reuters. La agencia señaló que no había podido verificar de forma independiente todos los hallazgos publicados por el consorcio. Un eurodiputado ha reclamado que el consejero delegado, Christian Sewing, comparezca ante el Parlamento Europeo.
Esta investigación periodística abre ahora nuevas vías de actuación, tanto en el ámbito judicial como en el institucional. Los documentos publicados plantean interrogantes que deberán ser examinados por las autoridades y pueden dar lugar a nuevas investigaciones para esclarecer los hechos.
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