Análisis
Dos años después de la DANA: 300 metros de costa para el ladrillo
El Partido Popular y Vox cerraron el límite de 200 metros de costa la mañana del 29 de octubre de 2024, mientras el aviso rojo de la AEMET estaba activado.

El PATIVEL del Gobierno del Botànic protegía 500 metros de litoral. Ahora, dos años después del desbordamiento del barranco del Poyo, espera un sustituto que el mismo Consell redacta mientras lleva años queriendo tumbarlo.
Ese 29 de octubre de 2024, la comisión de Justicia de Les Corts tenía en la mesa 358 enmiendas al proyecto de ley de simplificación administrativa, una norma ómnibus con la que el Consell, entonces con Carlos Mazón al frente, pretendía reformar una treintena de leyes. Una de esas enmiendas era la que decidiría a cuántos metros del mar podrían levantarse hoteles en suelo no urbanizable.
Solo hicieron falta unos minutos de pausa para que Vox aceptara la propuesta de fijar esa distancia en 200 metros, una cesión a los de Abascal según la propia portavoz adjunta del Partido Popular, Laura Chulià, ya que el plan inicial era una reducción hasta los 100 metros de distancia.
Esa misma tarde, el barranco del Poyo se desbordaba y arrasaba buena parte de l'Horta Sud, en la provincia de Valencia, mientras los vecinos de Paiporta, Catarroja y Picanya, entre otras poblaciones, esperaban un ES-Alert que llegaría a las 20:11, cuando el agua ya dejaba muertos en gran parte de ellas.
A cien metros sobre el decreto
Este recorte venía del mes de julio, cuando el Consell ya había aprobado el Decreto Ley 7/2024, el llamado Plan Simplifica, que tocaba un total de 29 leyes, 37 decretos y más de 500 artículos. Entre tanto ruido se encontraba un cambio en la ley valenciana de urbanismo que permitiría que un hotel pudiera situarse a 100 metros de la ribera del mar.
Y es que hasta aquel momento mandaba el PATIVEL, un plan aprobado por el 'govern del Botànic' en el año 2018. Aquel plan protegía más de 7.500 hectáreas en dos franjas, una que llegaba hasta los 500 metros de la orilla y otra de refuerzo hasta un kilómetro de distancia. Como el propio plan explicaba, la mitad de los primeros 500 metros de costa ya era suelo urbano o urbanizable; lo que seguía libre era, literalmente, lo último que quedaba por proteger. El mismo día en que se aprobaba, la portavoz Elisa Díaz avisó de que el Partido Popular estudiaría todas las vías disponibles para frenarlo.
Cuando trascendió el decreto de entre toda esa batería de medidas, el Consell se apresuró a asegurar que no se construiría ningún hotel a menos de 200 metros, a pesar de que en el DOGV ponía 100 metros. Por su parte, María José Salvador, la consellera del PSPV-PSOE que impulsó el PATIVEL, tildaba aquella medida de «decretazo». Tras el pacto de octubre, la Ley 6/2024 del 5 de diciembre, dejó los 200 metros fijados por ley, cuando aún no habían pasado seis semanas desde la riada.
Una ley hecha a medida
En mayo de 2025 llegaba la segunda pieza, la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, aprobada con los votos en contra del PSPV-PSOE y Compromís. Mazón presentó aquella ley como el final de lo que él consideraba el falso dilema entre progreso y medioambiente, y daba así un plazo de tres meses para tumbar el PATIVEL y convertirlo en el POC (Plan de Ordenación Costera).
Año y medio después, el POC sigue sin aprobarse. Lo que sí hay desde el 1 de octubre, es el Decreto 139/2026, firmado ya por el actual president, Juanfran Pérez Llorca, el cual aprueba el reglamento de la Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación del Litoral (CICOL), el órgano que según el propio decreto, se necesita para elaborar el futuro Plan de Ordenación Costera.
Mientras, el plan del Botànic se va retocando por partes
En la Dehesa de Campoamor, en Orihuela Costa, Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación de la Generalitat Valenciana, ha aprobado un ajuste que permite pasar de 24 viviendas a un total de 64, algo que la resolución reduce a un «cambio de escala».
Y el interés venía de lejos. En Oliva (Valencia), donde este octubre una DANA ha vuelto a golpear con dureza dejando grandes inundaciones y víctimas mortales, el PP ya movía ficha antes incluso del decreto. En marzo de 2024, su portavoz, Germán Salazar, se reunió en la conselleria con el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, para tratar el tema del PATIVEL, cita a la cual también acudió el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Oliva, Vicent Barreres. Salazar celebraba entonces que la nueva ley valenciana del litoral que preparaba su partido «abre la puerta» a modificar los usos terciarios del plan.
Entre el barro y el mar
Quien pisó cualquier localidad de l'Horta Sud de Valencia durante aquel dramáticamente inolvidable noviembre de 2024 entendió algo que geógrafos e hidrólogos llevan décadas explicando: el suelo sin construir «trabaja» y permite drenar y filtrar. Marjales, dunas y campos absorben el agua que el asfalto retiene y convierte en ríos, y en la costa, concretamente, amortiguan los temporales. Por eso, cuando ese suelo se recalifica y se urbaniza, esa función se pierde para siempre.
La DANA fue sobre todo una crecida de barrancos tierra adentro, no se trató de un temporal marítimo, pero el principio es exactamente el mismo y el escenario va a peor. Según la red científica MedECC, la región mediterránea se calienta a un ritmo muy superior a la media global, un 20% más concretamente, y un mar más caliente da más energía a los episodios de lluvia torrencial que parecen una nueva normalidad ya instalada en las costas del Levante.
Pero la cosa se torna rocambolesca cuando, en agosto, Martínez Mus, el mismo conseller que gestiona el relevo del PATIVEL, reclamaba al Gobierno central más dinero contra la pérdida de playas, recordando (mientras reconoce) que dos de los cinco tramos más castigados del Estado por la regresión costera se encuentran en la Comunitat Valenciana.
Un sinsentido que Compromís señala viendo la misma contradicción en el PATRICOVA, el plan de riesgo de inundación que el Consell está revisando. En sus alegaciones del pasado mes de julio pedía prohibir nuevos sótanos y garajes en zonas inundables, y acusaba al Consell de revisar ese plan mientras rebaja la protección del suelo por otras vías.
El Consell siempre gana
El mantra del Consell es el que se erige sobre los mismos argumentos de siempre: inversión, empleo y seguridad jurídica. Pero la realidad es que en la costa valenciana ya hemos visto dónde nos lleva eso: trabajos precarios, sueldos bajos y alquileres imposibles que terminan por expulsar a los vecinos de sus propios pueblos. Además, un tramo de litoral recalificado nunca vuelve a ser campo.
Que el POC no esté aprobado da margen de actuación a colectivos y asociaciones ecologistas, así como a los partidos progresistas que buscan evitar este atropello a nuestras costas. Es el caso de Compromís, que pide mantener el PATIVEL, derogar la Ley 3/2025 y aplicar un principio de no regresión ambiental que impida rebajar y jugar con una protección ya conseguida. Asimismo, reclama una moratoria urbanística en los municipios afectados por la DANA de octubre de 2024. También es el caso de Acció Ecologista-Agró, que, por su parte, señala los megaproyectos en primera línea de costa que podrían caer por haber agotado los plazos que les daba el propio PATIVEL.
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