Tribunales
El Supremo no da por buenas las cuentas del censo y vuelve a apretar a la JEC
El tribunal considera “de difícil comprensión” los datos remitidos por la Administración y exige impedir el voto de los 163.355 nacionalizados incluidos en el listado original, también si residen en España.

El Tribunal Supremo no se fía de las cuentas que le han enviado. Y así se lo hizo saber ayer a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral, a nueve días de las elecciones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha vuelto a exigir1EuropapressEl Supremo exige a la JEC garantizar que más de 160.000 nacionalizados por la 'ley de nietos' no voteneuropapress.es que se impida votar el próximo 29 de noviembre a las 163.355 personas incluidas en el listado original de nacionalizados por la conocida como “ley de nietos”, salvo aquellas que acrediten documentalmente el exilio de sus antepasados. La orden afecta tanto a los residentes en el extranjero como a quienes viven en España. Cambiar de domicilio, por tanto, no les permite sortear la suspensión.
El Supremo vuelve sobre el asunto después de que la Administración comunicara que, tras revisar los datos, el número de afectados se había reducido a 113.3262PúblicoLa Abogacía del Estado cifra en 113.326 los afectados por la 'ley de nietos' que no podrán votarpublico.es. Casi 50.000 menos que en el listado inicial. Entre las razones de esa revisión figuran menores, duplicidades y personas que no cumplían las condiciones censales contempladas.
La Sala considera de “difícil comprensión” los informes remitidos por la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral. La nueva providencia insiste, además, en que debe cumplirse la suspensión en los términos que ya había ordenado.
Y ojo, porque estamos hablando de decenas de miles de personas y de una decisión que afecta directamente a su posibilidad de votar. Resulta, cuanto menos llamativo, que a estas alturas siga habiendo discrepancias sobre quién está incluido, quién debe quedar fuera y qué listados deben utilizarse.
La Junta Electoral Central ya había mostrado sus reservas. En septiembre, cuando tuvo que pronunciarse sobre la suspensión cautelar, la decisión de acatarla y no recurrirla salió adelante por siete votos frente a seis. La mayoría cuestionó que se pudiera privar del voto a miles de ciudadanos sin darles audiencia ni permitirles presentar alegaciones. La JEC terminó cumpliendo, aunque el acuerdo estuvo lejos de ser un respaldo unánime.
Ahora el Supremo vuelve a dirigirse a la JEC para que garantice la exclusión. La Administración trasladó al tribunal una revisión del listado que reducía el número de afectados. La Sala mantiene, sin embargo, los 163.355 iniciales.
Y no es el único asunto electoral que tiene pendiente el Supremo. El lunes termina el plazo para presentar alegaciones sobre la documentación aportada por Interior relativa a los controles de seguridad de los dispositivos que permitirán votar con el DNI digital. Después, la Sala deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas para suspender su uso, como ya os conté en un artículo anterior.
En este caso, los 901 ciudadanos que han presentado certificación consular pueden votar. Para el resto, conseguirla antes de la jornada electoral es la única manera de acreditar las circunstancias del exilio de sus antepasados.
Quienes no lleguen a tiempo no podrán votar. A estas alturas, parece que tener nacionalidad española no era suficiente: también había que conservar la documentación de las aventuras migratorias de los abuelos, aunque muchos se marcharan en circunstancias en las que difícilmente podían preocuparse por guardar esos papeles.
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