113.326 votos suspendidos y un DNI bajo sospecha: la batalla por la legitimidad del 29-N
Más de 113.000 ciudadanos nacionalizados por la ley de nietos no podrán votar el 29-N mientras el Supremo exige explicaciones sobre la seguridad del DNI digital. Dos actuaciones judiciales que alimentan las dudas sobre la limpieza electoral antes de abrirse las urnas.

Hay una forma bastante peculiar de preservar la limpieza de unas elecciones: dejar sin votar a 113.326 españoles. Es la cifra definitiva que la Abogacía del Estado ha trasladado al Tribunal Supremo sobre los afectados por la suspensión cautelar del derecho al sufragio de los nacionalizados mediante la llamada ley de nietos. Y el argumento del tribunal es, cuanto menos, para que todos alcemos una ceja: “el de preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral, que debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano”.
La frase figura en el auto con el que el Supremo justificó una medida solicitada por Vox e Iustitia Europa y que la Abogacía del Estado intentó revocar. El tribunal mantuvo su decisión. Más de 113.000 ciudadanos con nacionalidad española reconocida no podrán votar el próximo 29 de noviembre.
El artículo 13.2 de la Constitución reserva a los españoles los derechos del artículo 23, que reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos mediante elecciones por sufragio universal. Una vez que el Estado reconoce la nacionalidad, no hay españoles de primera y de segunda según la vía por la que hayan llegado a serlo. Al menos, eso es lo que uno entiende cuando lee la Constitución.
El Supremo, sin embargo, ha considerado que proteger el censo justifica suspender el ejercicio de ese derecho. Una decisión que tiene consecuencias muy concretas para quienes se quedan sin papeleta. La magistrada María Alicia Millán dejó constancia de su discrepancia en un voto particular. No todos en la Sala compartieron el criterio de la mayoría.
Pero el DNI digital también ha acabado en el Supremo
El 17 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio dos días a Interior para certificar si se habían realizado los controles de seguridad exigidos a los 61.603 dispositivos destinados a verificar la identidad de los votantes mediante MiDNI. Si la respuesta es afirmativa, deberá aportar la documentación técnica que lo acredite. La petición llega después de que Iustitia Europa recurriera la autorización de la Junta Electoral Central. El contrato de alquiler de los terminales, adjudicado a Telefónica Defensa y Seguridad, supera los siete millones de euros.
El tribunal no ha declarado inseguro el DNI digital ni ha ordenado suspender su uso. Porque eso igual sería excesivo hasta para ellos. Ha reclamado documentación técnica antes de resolver sobre las medidas cautelares. Y lo hace cuando faltan doce días para las elecciones y el Gobierno dispone de apenas 48 horas para responder.
Vox e Iustitia Europa impulsaron la suspensión del voto de los nacionalizados; la segunda formación también ha llevado al Supremo el DNI digital. Y no podemos perder de vista lo que pasa aquí, porque primero se cuestiona quién puede formar parte del censo; ahora, si los dispositivos que verificarán la identidad ofrecen suficientes garantías. Y el Supremo está dando pábulo a quienes llevan tiempo intentando instalar la idea de que las elecciones pueden estar amañadas.
Al Supremo le corresponde aplicar la ley y proteger los derechos. También debería recordar que entre ellos está precisamente el de votar. Porque la limpieza electoral es importante, no seré yo quien diga que no. Lo que habría que explicar es en qué momento protegerla ha pasado a justificar que más de cien mil españoles se queden fuera de las urnas.
Las elecciones son el 29 de noviembre. La sospecha, por lo visto, ya se ha estrenado.
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