La vivienda según el PP: un millón de promesas y once comunidades para demostrarlo
Antes de anunciar que va a construir un millón de viviendas, Alberto Núñez Feijóo debería explicar qué ha hecho su partido con las competencias que ya tiene.

Antes de anunciar que va a construir un millón de viviendas, Alberto Núñez Feijóo debería explicar qué ha hecho su partido con las competencias que ya tiene. El PP gobierna en once comunidades autónomas y cuenta con 3.344 alcaldes, el 41,2% del total, según los datos ministeriales de noviembre de 2025. Tiene gobiernos, presupuestos y suelo público.
Pero parece que para resolver el problema de la vivienda necesita llegar a La Moncloa. Las competencias que ya tiene pueden esperar.
Hace unos días vimos en La hora de La 1 a Silvia Intxaurrondo preguntando a Miguel Tellado por las propuestas del PP en materia de vivienda y el secretario general del partido le remitió al programa electoral: las respuestas, vino a decir, estaban allí. Pues bien, he ido a buscarlas. Y lo que me he encontrado son grandes anuncios, cifras y medidas de estímulo a la compra, pero no respuestas concretas a preguntas fundamentales: cuánta vivienda será pública, qué parte tendrá protección permanente, qué presupuesto se destinará a construirla o qué garantías habrá para que resulte realmente asequible. Decir que las respuestas están en el programa está muy bien. El problema es que, cuando uno lo lee, comprueba que esas respuestas no están. Casi le agradezco el gesto: así he podido comprobar que, cuando toca explicar los detalles, el PP prefiere que el lector haga un ejercicio de imaginación.
Once comunidades y muy poca vivienda protegida

Pero vamos con los hechos. Los datos de 2025 dejan una fotografía que merece atención cuando se observan únicamente las comunidades gobernadas por el PP. En Murcia se iniciaron 4.308 viviendas y ninguna obtuvo calificación provisional de protegida. En Castilla y León, de 6.594, solo 27; en La Rioja, de 1.413, apenas 8. Baleares registró 88 viviendas protegidas de un total de 4.303 y Cantabria, 33 de 1.538. Es decir, en estas cinco comunidades la vivienda protegida apenas representa entre el 0% y el 2,1% de las viviendas iniciadas.
Son cifras que incluyen promociones públicas y privadas, no exclusivamente las impulsadas por las administraciones. No parece que al PP le falten competencias. Lo que parece que le falta es interés en construir vivienda protegida.
Los casos de Alicante y Palencia han dejado preguntas bastante incómodas sobre la gestión del suelo público y la adjudicación de estas viviendas. En Alicante, una promoción de 140 viviendas protegidas acabó incluyendo entre sus adjudicatarios a la entonces concejala de Urbanismo del PP, un arquitecto municipal y familiares de una alta funcionaria del Ayuntamiento. El caso está bajo investigación judicial y ha provocado dimisiones. En Palencia, una concejala del PP consiguió uno de los 47 chalés protegidos construidos sobre un solar municipal. La adjudicación se convirtió en un escándalo cuando se descubrió que no se hizo un sorteo abierto entre todas las personas inscritas como demandantes de vivienda, sino un procedimiento entre los integrantes de la cooperativa. La Fiscalía archivó la denuncia en septiembre al considerar que no había indicios de delito y que la normativa permitía esa fórmula. Dicho de otra manera: que el procedimiento podía ser perfectamente legal, aunque a más de uno le cueste entender que para acceder a una vivienda protegida haya que pasar por una cooperativa en lugar de por un sorteo abierto. Eso sí, la polémica no ha terminado del todo: sigue habiendo otra cuestión pendiente sobre la tramitación de la declaración patrimonial de la concejala.
Y Madrid tampoco se queda atrás. El Ayuntamiento de Almeida ha puesto en manos de empresas privadas 25 parcelas municipales para construir unas 2.100 viviendas destinadas al alquiler a precios supuestamente asequibles. Las empresas se encargarán de construirlas y gestionar los alquileres durante 45 años; después, las viviendas pasarán al Ayuntamiento. Pero hay un detalle que conviene no pasar por alto: no son viviendas protegidas ni se adjudican mediante un procedimiento público. Son las propias empresas las que eligen a los inquilinos, aunque el Ayuntamiento asegura que puede comprobar que se cumplen las condiciones del contrato.
Y aquí aparece una de esas historias que cuesta encajar con la idea de alquiler asequible: un vecino con unos ingresos netos de 3.534 euros al mes fue rechazado para alquilar una vivienda por 1.037 euros porque, según la empresa, no ofrecía suficiente viabilidad económica. Al parecer, ni siquiera ganar más de tres mil euros al mes garantiza que una vivienda de alquiler asequible esté a tu alcance.
Parece que, con la vivienda protegida, el problema no siempre es encontrar quién necesita una casa, sino asegurarse de que esa casa no acaba en manos de quienes tienen mejores contactos y una cuenta bancaria bastante más abultada que la mayoría.
Con ese balance sobre la mesa, Feijóo presenta su programa: un millón de viviendas, una nueva Ley del Suelo, agilización de licencias y colaboración público-privada. Ese millón de viviendas no dice demasiado si no sabemos qué se va a construir. ¿Cuántas serán públicas? ¿Cuántas tendrán protección oficial y durante cuánto tiempo? Cuando se utiliza suelo público, financiación pública o recursos de las administraciones, el resultado tiene que ofrecer un beneficio público claro. No basta con que se construya. De lo contrario, lo que estaremos haciendo, y es lo que parece proponer el PP, es poner recursos de todos al servicio de promociones a las que después solo podrán acceder quienes ya tienen capacidad económica para ello. Porque si el suelo y el dinero son públicos, pero la vivienda acaba siendo inaccesible para buena parte de la ciudadanía, quizá deberíamos preguntarnos quién sale realmente ganando con la operación.
El programa también apuesta por facilitar la compra. Feijóo propone reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años y crear la llamada Hucha Hogar Joven, con una deducción del 20% sobre un ahorro anual de hasta 2.000 euros y un aval de hasta 40.000 euros. Puede ser una ayuda para determinados compradores, pero no lo será para quienes no consiguen ahorrar porque el alquiler consume buena parte de su sueldo, ni una solución para los que necesitan alquilar y no comprar. A una persona que no llega a final de mes, ofrecerle un aval no le garantiza que pueda afrontar una hipoteca. Podemos decir que la solución del PP es ayudar a comprar una vivienda a quien pueda permitírsela.
Y es que la política de vivienda no puede diseñarse pensando únicamente en quienes disponen de fondos suficientes para comprar. Hace falta un parque público de alquiler mucho mayor que el actual, como proponen los partidos de izquierda. También hay margen para rehabilitar edificios, incorporar inmuebles al parque público, movilizar viviendas vacías con garantías para sus propietarios y limitar los usos turísticos en las zonas con mayor presión residencial. Porque poner una grúa en un solar es relativamente sencillo; lo complicado es conseguir que después alguien pueda vivir en lo que se ha construido sin dedicar medio sueldo o el sueldo entero a pagar el alquiler.
Lo que el PP quiere derogar

Pero el programa del PP no solo plantea qué hacer con las viviendas que todavía no se han construido. También propone derogar la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, y retirar instrumentos como la declaración de zonas tensionadas, determinados límites a las rentas y obligaciones específicas para grandes tenedores.
Se puede discutir la eficacia de estas medidas y cómo deberían mejorarse. Lo que no debería quedar sin respuesta es qué las sustituirá. Si se eliminan las herramientas para actuar en las zonas donde los alquileres se han disparado, ¿qué mecanismo propone el PP para proteger a quienes no pueden asumir nuevas subidas? ¿Dejar que cada contrato se negocie en un mercado salvaje donde la necesidad de tener una vivienda coloca al inquilino en una posición de enorme vulnerabilidad? Debe de confiar en que, una vez derogada la ley, los alquileres bajen por educación.
Y la situación todavía puede empeorar para quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda. Este 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 29/2026, conocido como decreto de Mari Carmen, por 35 votos a favor y 34 en contra. PP, Vox y Junts votaron en contra. La norma mantiene, entre otras medidas, la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, regula los alquileres temporales y por habitaciones y establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual, siempre que se cumplan los requisitos.
El nombre del decreto recuerda a Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante 71 años y que falleció posteriormente. Su caso se ha convertido en símbolo de la vulnerabilidad de muchas personas ante la pérdida de su hogar. Y no deberíamos perder de vista lo que representa su historia: detrás de un procedimiento de desahucio hay personas que se quedan sin el lugar donde han construido toda su vida, familias con hijos, personas mayores, vidas en definitiva que pueden verse de repente en la calle por la especulación salvaje y la codicia de unos pocos.
El PP ha anunciado que quiere derogar el decreto si llega al Gobierno. Es una decisión que, junto a la derogación de la actual Ley de Vivienda, supondría un retroceso importante en la protección de los inquilinos y de las personas vulnerables. Y aquí está el problema: el PP no ha explicado qué alternativa ofrecería a quienes hoy pueden acogerse a estas medidas. A falta de una respuesta, todo apunta a que tendrán que arreglárselas como puedan.
Ese mismo día se rechazó el Real Decreto-ley 28/2026, que pretendía reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler mediante renovaciones sucesivas. PP, Vox, Junts y PNV votaron en contra. La prórroga extraordinaria del decreto de Mari Carmen sigue vigente, mientras que la reforma general de los contratos fue rechazada.
El PP defiende, además, que las licencias de obra se resuelvan en tres meses mediante silencio positivo. Agilizar trámites puede ser razonable, pero una licencia rápida no garantiza que la vivienda resultante sea asequible, tenga protección oficial o vaya a destinarse al alquiler residencial. Construir deprisa no sirve de mucho si después la gente no puede vivir en lo que se construye.
Un millón de promesas y once comunidades para demostrarlo
El PP dispone de once gobiernos autonómicos y miles de alcaldías desde las que puede desarrollar su política de vivienda. Antes de pedir que confiemos en su gran promesa nacional, debería explicar qué resultados está obteniendo allí donde ya gobierna. Porque prometer un millón de viviendas queda estupendamente en un programa político; explicar por qué en algunas de las comunidades que gobierna apenas se construye vivienda protegida igual es más complicado. Quizá antes de vendernos el edificio convendría enseñar los planos.
Porque construir un millón de viviendas puede ser un objetivo. Pero el verdadero desafío es que las personas puedan acceder a ellas. Una vivienda no resuelve el problema por el simple hecho de existir. Lo resuelve cuando alguien puede permitirse vivir en ella.
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