La policía que debería ser de todos.
¿Debemos creer que no hay fascismo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado?

El fascismo no gobierna las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero algunos problemas estructurales y culturales sí requieren respuesta.
Este es un artículo de opinión. No pretende demostrar que la Policía Nacional o la Guardia Civil son instituciones fascistas.
Pretende señalar problemas reales que, si no se abordan con rigor, alimentan esa narrativa y erosionan la legitimidad democrática de los cuerpos.
El informe 2025 de la plataforma Defender a quien Defiende (coordinado con Novact e Irídia) documentó 380 casos de vulneraciones del derecho a la protesta, un aumento del 66,7 % respecto a 2024.
Se registraron 1.956 vulneraciones que afectaron a 1.771 personas.
Los cuerpos policiales fueron responsables del 54,5 % de ellas, con los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional a la cabeza.
Los ámbitos más afectados fueron la solidaridad con Palestina, la vivienda y el antifascismo.
El patrón cambió: crecieron las agresiones a la integridad física y las detenciones frente a las simples multas administrativas.
Esto no convierte a los agentes en fascistas, pero en cambio, si sospechosos.
Sí muestra un uso de la fuerza y de las identificaciones que, en determinados contextos, resulta desproporcionado o selectivo.
Cuando se filia masivamente a quienes van a una concentración antifascista mientras se actúa con más lentitud frente a grupos ultras organizados, se genera la percepción —justificada o no— de doble rasero.
Esa percepción es un problema político y de legitimidad, no solo jurídico.
Al mismo tiempo, existe evidencia de que la extrema derecha intenta apropiarse simbólicamente de los cuerpos. Sobre todo, en redes, y en la imitación de su simbología en empresas privadas de cuestionable moralidad y ética.
En enero de 2026 surgió el colectivo Policías Antifascistas, formado por agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza y otros cuerpos.
Su manifiesto rechaza explícitamente “cualquier intento de instrumentalizar las fuerzas de seguridad pública para fines antidemocráticos” y afirma que “no estamos a su servicio”. En menos de dos días fueron contactados por más de 70 agentes; semanas después la cifra superaba los 180. Que un grupo de profesionales del orden se vea obligado a organizarse para defender que la placa no es patrimonio de la extrema derecha es, en sí mismo, un síntoma de que algo no funciona en la cultura interna.
Cierto aroma a rancio...
Los casos individuales existen y no son nuevos: agentes con mensajes de exaltación franquista o nazi en redes que fueron investigados, acuerdos o cercanías de algunos sindicatos con grupos de desalojo de discurso duro, o la repetición de ciertas prácticas de control de orden público que priorizan la contención rápida sobre la proporcionalidad.
No demuestran una institución fascista.
Sí demuestran que la depuración cultural y el control democrático no se completaron del todo tras la Transición, y que la polarización actual amplifica esas lagunas.
Las fuerzas también actúan contra la extrema derecha organizada. La Policía Nacional ha descabezado a grupos como Núcleo Nacional, con detenciones de su cúpula y sumarios que apuntan a entrenamiento militar y planes de desestabilización. Negar eso es tan deshonesto como negar los excesos en protestas.
Que la cúpula de Núcleo Nacional esté en la calle a las 48h, habiendo encontrado lo que han encontrado, y que haya un rapero en prisión hace casi 6 años, por llamar ladrón, a un ladrón, es un artículo para otro día.
Los sindicatos mayoritarios, por su parte, rechazan las acusaciones genéricas de neofascismo y recuerdan que aplican la ley sin mirar ideologías.
Muchos, no nos lo creemos.
El Tribunal Supremo, en el caso de las declaraciones de Ione Belarra, consideró que ciertas críticas se enmarcan en la libertad de expresión política, pero eso no convierte la generalización en descripción exacta.
La respuesta no es una “caza de brujas” ni la negación de los problemas.
Se pide transparencia en los protocolos de uso de la fuerza, formación continua en derechos fundamentales, mecanismos internos que permitan a los agentes denunciar conductas antidemocráticas sin represalias, y una cultura que no tolere la instrumentalización partidista del uniforme.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son, o deberían ser, de todos.
Deberían...
La policía de todos, y no la de "todos".
Cuando una parte de la ciudadanía las percibe como enemigas y otra como brazo armado de su ideología, el problema no es solo de imagen: es de legitimidad democrática.
El que quiera entender, que entienda.
@ElCorrupto26
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